Muchas leyes sin ponerlas en vigor no sirven a los ciudadanos. Puerto Rico es el mejor país del mundo... para violar la ley.

Tal vez el problema más viejo que tiene la comunidad de Puerto Nuevo Noroeste sea la operación del Colmado Baní frente a la Escuela de Educación Especial Anexo Timothé en la Calle 16 N.O.

El permiso de este negocio fue otorgado por la antigua oficina de PYMES de ARPE y se hizo de manera irregular pues, a la fecha del permiso, los negocios de bebidas embriagantes ya no se permitían en área escolar ni en área residencial, de acuerdo al plan de ordenamiento municipal vigente y leyes aprobadas para proteger la actividad escolar.  En adición, la dirección de la Escuela se opuso expresamente al permiso.  Como tantas veces ocurría con ARPE, el permiso fue entregado en violación de la ley.  Debió ser declarado <nulo ab initio> y retirado sumariamente porque el funcionario que lo otorgó actuó ultra vires o sin la autoridad para hacerlo.  Pero en Puerto Rico, hechos como éste, en lugar de dar cabida a una investigación, generan un "derecho".  Digamos que se trata del derecho a continuar burlando la ley a base de haber alcanzado una condición mediante la violación de ley.


Además, las violaciones al permiso, de por sí ilegal, son múltiples y en este foro y dondequiera los vecinos vienen señalándolas en inumerables ocasiones. Hay una querella en el Municipio contra el permiso del negocio, pero como sabemos, los permisos se otorgan con prestación pero hay pocos recursos para atender las quejas de los ciudadanos cuando los negociantes abusan. En lo que el Municipio produce la decisión de la querella pendiente desde casi dos años, la Policía de San Juan debió tener la capacidad para poner orden y  mitigar el problema, pues las actividades del negocio viola múltiples disposiciones del Código de Orden Público:

• sus clientes ocupan las aceras, inclusive la de la Escuela, como estacionamiento
• coloca sillas en aceras para uso de sus clientes, impidiendo el paso de transeúntes
• al colocar estas sillas para que sus clientes consuman, promueve el consumo de alcohol en la vía pública
• sirve cervezas desde una nevera de hielo comercial ubicada en el exterior
• mantiene en el interior mesas de juego, actividad que no está incluida en el permiso y que produce ruidos innecesarios
• los clientes "amenizan" sus bebelatas desde la vía pública dejando abierta las puertas de los autos para oir la música de sus radios. Por supuesto, no es música instrumental lo que se escucha.
• al hijo del dueño le hacen la mecánica de sus auto en la acera, mientras éste atiende el negocio
• por supuesto, no limpian los desperdicios que sus clientes arrojan en el área.

Se trata de un negocio redondo de poca inversión y ninguna productividad: servir cervezas y tragos atrayendo los elementos más indeseables que vienen, muchos de éstos, de fuera de la comunidad.  Los vecinos pagamos con nuestra calidad de vida y el negociante se lleva los billetes.

La inacción, desidia y lentitud de las autoridades estimula las conductas delictivas y penaliza a los residentes cumplidores de la ley..

Estos negociantes y sus clientela están envalentonados porque las autoridades poco hacen o poco logran.  Ni la policía estatal ni la policía municipal ni la Oficina de Permisos de San Juan, ni el Negociado de Bebidas Alcohólicas de Hacienda se hacen respetar.  En este sector existe un Consejo Comunitario de Seguridad que participa del programa de Integración con la Comunidad de la Policía de Puerto Rico y de Alianza contra el Crimen de la Policía de San Juan.  Eso, tampoco, ha ayudado mucho con el problema.  Los vecinos llaman constantemente a los cuárteles de Puerto Nuevo de las policías estatal y municipal.  Eso tampoco da resultados. Pareciera que el negocio y sus clientes tuvieran más poder que los esfuerzos vecinales. En varias ocasiones, han tratado de intimidar a la presidente del Consejo Comunitario de Seguridad del sector, a quien le gritan desde el negocio: "chota", "que se cuide" y otras amenazas.  Hace dos años, luego de iniciar el proceso de querella, alguien prendió en fuego el auto de la hija de la presidente.  El delito fue investigado tardíamente y la investigación, si la hubo, no arrojó resultados.

El sentido de impunidad de quienes violan la ley se nutre de la falta de atención de las autoridades cuando los ciudadanos informan delitos o piden seguridad.  En la mañana de mayo 10 pasado, Hernán Bienvenido Castillo, hijo del dueño del negocio,  imprecaba a un vecino en la vía pública usando palabras obscenas y dando voces en alteración de la paz del lugar.  La presidente se encontraba barriendo la acera y miró. El individuo dio varios pasos al frente y le amenazó: "Usted ¿qué está mirando?  Si sabe lo que le conviene, mire pa' otro la'o." La presidente hizo querella por alteración a la paz.  El agente que tomó la querella se tardó cinco meses en citar al tribunal.  Mientras, el individuo debe haber concluido que la querella no iba a prosperar y, él y sus clientes, continuaron usando lenguaje soez en la vía pública a pocos metros de una escuela y en área donde residen niños y adolescentes.

Los tribunales no son de mucha ayuda tampoco...

Por fin el Agte. Rosa del Precinto de Puerto Nuevo citó las partes al tribunal a vista de Regla 6 el viernes pasado 14 de octubre.  El acusado contrató abogado en la misma sala.  Por supuesto a la víctima no le asiste el derecho a abogado y- a este nivel- no se asigna fiscal, de manera que es la palabra del ciudadano contra la pericia de un abogado que se especializa en delitos penales.  La presidente declaró y el Agte. Rosa afirmó que su declaración coincidía con la que le hizo el día del incidente. El abogado se inventó que se trataba de dos jóvenes lavando un carro que se dijeron palabras entre sí que no estaban dirigidos a la querellante. Alegó, también, que se trataba de un acto de persecución de la querellante porque tiene bronca contra el negocio, como demuestra la querella contra el permiso del negocio.  El abogado alegó que no se configuró el delito. La juez María de Lourdes Camareno, decretó en cinco minutos "no causa probable".
     Quizá la Juez, acostumbrada a ver acusados por asesinato, extorsión, robo a mano armada y otros delitos como ya son tan frecuentes en Puerto Rico, encontró de poca monta este caso.  Lo que no tomó en cuenta la Juez es que en ambientes alterados como los que propicia este negocio se reproduce la cultura de impunidad, acoso, intimidación y matonería que protege a los delincuentes.  La juez se olvidó que no hay delito insignificante, sólo penalidades proporcionales a los delitos.  La Juez no tomó en cuenta que a un ciudadano común le cuesta gran esfuerzo mover el aparato judicial y que si persiste en busca de justicia y recibe indiferencia, perderá fe y confianza en el sistema judicial.  A la Juez le faltó, antes dar credibilidad a la interpretación del abogado, recordar que la Alteración a la Paz no es un delito contra persona, sino un delito CONTRA EL ORDEN PUBLICO y el Artículo 247 del Código Penal vigente (LEY NUM. 149 DE 18 DE JUNIO DE 2004) dice que:

Incurrirá en delito menos grave toda persona que realice cualquiera de los siguientes actos: (c) perturbe la paz o tranquilidad de una o varias personas mediante vituperios, oprobios,desafíos, provocaciones o palabras insultantes u ofensivas que puedan provocar una reacciónviolenta o airosa en quien las escucha.

Quizá la Juez entendió que la querellada no cumplía el perfil de persona capaz de reacción violenta o "airosa" y que irrespectivamente del lenguaje soez u ofensivo, el desorden y gritos e intimidación de parte de Castillo, la querellada no se involucraría en una riña.  ¿Pero qué del  derecho de la querellante y de los vecinos del lugar a vivir en un ambiente de paz y buenas costumbres?

Pues sepa que este sábado en la tarde un cliente de los que acostumbra beber sentado en una de las sillas colocadas en la vía pública se ufanaba de que Puerto Rico es el mejor país del mundo porque hay muchas leyes pero no se imponen.  "En ninguna parte te dejan beber como nosotros estamos haciendo aquí en la acera", alardeaba con toda razón.

NOTA: Ayer fue otro día en que se intentó que la patrulla de la policía municipal interviniera con la situación.  La respuesta de la retén del Cuartel de Puerto Nuevo: no tiene caso ponerle boletos porque luego se quejan de discrimen con el Comisionado.  Increíble...

ULTIMA: El juez del tribunal de distrito federal José Fusté expresa su indignación ante la indolencia e incapacidad de jueces locales.